En esta semana la ciudad ha estado algo más agitada a consecuencia de la publicación en un medio de comunicación nacional del reportaje titulado Zamora contra su ex alcalde. La fiscalía investiga a un diputado del PP por un pelotazo de 24 millones con un implicado en la trama “Gurtel”. La noticia no es novedosa para los zamoranos pero el hecho de que haya salido en un medio nacional le confiere un eco especial, es como si nos sintiéramos más importantes. La rumorología, inevitable en estos casos, cuenta que no sólo se agotaron los ejemplares de la revista Interviú en la capital y provincia sino también que personas trajeadas pasaron por muchos quioscos de prensa tratando de comprar el mayor número de ejemplares. Posiblemente para muchas personas la denuncia que presentó ante la Fiscalía en un principio IU y posteriormente el Foro Ciudadano de Zamora sea ahora más creíble simplemente por estar en un medio nacional. 
Toda esta historia arranca de la operación iniciada por el Ayuntamiento de Zamora en 2005 para el alquiler con opción a compra, en un plazo de 25 años, de unos locales y solares para ampliar las dependencias del Ayuntamiento. Los actores principales de la película son el anterior alcalde y actual diputado en el Congreso D. Antonio Vázquez y su fiel escudero D. Angel Macias, quienes iniciaron y negociaron la operación. Le siguen en importancia los responsables de la empresa UFC, del grupo Begar, propietaria de los inmuebles donde se iba a construir el edificio, cuyo director general es D. José Luis Ulibarri, implicado en el caso Gurtel. No se puede tampoco olvidar la propia estructura  municipal y sus técnicos ya sea por acción u omisión ni el actual equipo de gobierno del PP que está tratando de conseguir la anulación del contrato por considerarlo lesivo a los intereses municipales pero que mira para otro lado en lo referente a sus compañeros de partido responsables de todo el proceso. Cualquiera que haya leído los informes realizados por el Secretario, el responsable de Hacienda o el Interventor para conseguir la anulación del contrato habrá podido comprobar las irregularidades que tuvo todo el proceso y los perjuicios económicos para el Ayuntamiento.
El asunto está ahora en manos de la Fiscalía de Zamora y la tendremos que dejar trabajar. Pero al margen de las decisiones que vengan por ese lado, nadie puede ignorar que hay responsabilidades políticas evidentes con respecto al PP y a sus responsables más directos por mucho que se quieran disimular u ocultar. De los ciudadanos no hablo porque el grado de indiferencia que estamos demostrando con respecto a los asuntos públicos es preocupante pero dentro del propio PP, ya sea a nivel nacional o regional, claro que tendrán que reflexionar sobre el futuro de D. Antonio Vázquez, actual diputado en Cortes y sobre el pasotismo de Dª. Rosa Valdeón y su equipo sobre sus propios compañeros. Ahora dirán que el asunto está en manos de la Justicia. Cuando se aclare ese procedimiento, dependiendo del resultado, dirán otra cosa y así sucesivamente. Lo hemos visto ya en casos similares. Pero lo que no podrán ignorar como grupo político es que algunos de sus prominentes compañeros han llevado a cabo operaciones sospechosas imposibles de entender por cualquier ciudadano responsable que haya querido acercarse al proceso. La razón no está sólo en manos de la Justicia. Existe una ética y moral pública que está por encima de ella y de esa no se van a poder librar.

Antonio Gallego
Miembro del Foro Ciudadano de Zamora