Cuando una persona expresa su opinión en publico hay que tener en cuenta no sólo lo que dice con palabras sino el lenguaje corporal que adopta al decirlo. No siempre coinciden. Los investigadores han estimado que entre un 60/70% de lo que comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje no verbal, es decir, por gestos, apariencia, postura, mirada y expresión. Por desgracia, existen técnicas de comunicación que enseñan a disfrazar este segundo lenguaje y casi todas ellas se basan en aparentar seguridad, ser rotundo en las afirmaciones, como si se poseyera el don de la verdad. Es lo que comúnmente se conoce como la técnica del caradura. Muchos políticos son unos expertos en ello. Todas estas reflexiones vienen a cuento por las declaraciones del Sr. Lamela, ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, sobre las sedaciones en el hospital Severo Ochoa de Leganés. Todo el mundo conoce el reciente fallo de la Audiencia de Madrid que ha sobreseído y archivado el caso, iniciado por una denuncia anónima a la que enseguida se sumó la Comunidad de Madrid, acusando al Dr. Montes y a su equipo de matar a 400 pacientes y de mala praxis médica. El Colegio de Médicos de Madrid acaba de cerrar también el expediente. La gente normal, ante una situación ya cerrada por la Justicia, lógicamente pide que se tome algún tipo de decisión, que puede ir desde la destitución política del responsable a la sencilla petición de disculpa por los males causados. Pues bien, el Sr. Lamela ha declarado recientemente ante los medios: “Me siento enormemente orgulloso y volvería a hacerlo”, es decir, ha aplicado la técnica del caradura. Conviene que sepamos que todo esto no es casual, obedece a una estrategia política muy clara, montada en forma de cadena de acontecimientos, tantas veces practicada por la derecha católica nacionalista donde es Sr. Lamela ha sido sólo un eslabón. Idéntica estrategia se ha puesto en marcha con la denuncia interpuesta el 9.06.06 por un grupo llamado “La Vida Importa” contra la clínica abortista Isadora de Madrid. Los pasos siempre son los mismos: alguien presenta una denuncia, ya sea una persona anónima o un colectivo afín; en algunos casos se tiene ya preparado el eslabón judicial para que caiga en algún juzgado proclive, como ha sucedido en el caso de la Clínica Isadora. Enseguida entra en juego el poder político administrativo correspondiente, en este caso, la Comunidad de Madrid. Para calentar todo, se organizan manifestaciones, declaraciones subidas de tono, con el apoyo de ciertos medios ya conocidos y, durante unos meses, se esta presionando a la sociedad hasta que al final la Justicia cierra el caso. Nunca suele pasar nada a los que han intervenido salvo que los ciudadanos vean la jugada y la tengan en cuenta a la hora de votar. Algo similar, con alguna variante, sucedió en su día con el llamado “caso Sogecable”, contra los intereses del Grupo PRISA, iniciado por una denuncia particular de Jaime Campmany, persona muy conocida en la ultraderecha falangista, que se adjudica intencionadamente al juez Gómez de Liaño, quien se presta a ser marioneta de los intereses del Sr. Aznar y sus acólitos, entre ellos el diario El Mundo, principal beneficiado, para intentar destruir al primer grupo de comunicación del país. Al final la Justicia dejó en ridículo a todos, aparatando al Juez de la carrera judicial pero gracias a que el acusado tenía medios poderosos para evitarlo. Como podemos ver, nada sucede por casualidad. Buenas tardes y buena suerte.

Antonio Gallego