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El pasado 7 de mayo, Felipe González publicaba en El País un polémico artículo en el que, básicamente, planteaba el aplazamiento del proceso de negociación de la nueva financiación autonómica, a fin de dedicar todos los recursos posibles a las inmediatas políticas generadoras de empleo. Lo hacía con argumentos fundamentados, sin duda discutibles. El día 10, un corajudo José Montilla publicó, con aires de urgencia, un artículo contundente, a modo de respuesta. La cosa funcionó e inmediatamente Zapatero y Solbes salieron a la palestra a pregonar que las negociaciones se iniciarían en breve. Y en ello están, reuniones de unos y de otros lo confirman. Montilla se apuntó un buen tanto en Cataluña. Sin embargo, ni la urgencia ni el coraje, ni la pasión, que también hay, convienen en esto.
Argumenta, Montilla, que el Estatut obliga a todas las administraciones, tanto a la Generalitat como a la Administración General del Estado, a llegar a un acuerdo antes del 9 de agosto de 2008. Y que las leyes en vigor son de obligado cumplimiento aunque estén pendientes de uno o varios procesos de resolución en el TC. Así es sin duda y tiene razón, pero ¿a quién responsabilizar, no por no negociar —que se hará, más o menos teatralmente—, sino por no ser capaces de llegar a un acuerdo antes de la fecha fijada?
Hay en la vida política española una afirmación falaz que se ha hecho ya casi de uso universal y que Montilla también utiliza. Dice más o menos, “El desarrollo económico de España en las últimas décadas es producto de su importante proceso de descentralización. Más descentralización es igual a más desarrollo” Sin embargo, naciones con procesos de desarrollo tan dinámicos o más que el nuestro, las hay sin que hayan realizado ningún proceso de descentralización. Sí hay que decir, porque esto es lo importante, que sin descentralización probablemente no tendríamos una democracia estable, no porque sea así siempre, sino porque es difícil que en España pudiéramos disfrutar de una convivencia en paz y en democracia sin una organización descentralizada, autonómica o federal. Es aquí en la convivencia democrática, y en su estabilidad, donde radica nuestro estado de bienestar, nuestro desarrollo económico. También porque además nos ha permitido disfrutar de grandes e importantes ayudas europeas.
Incide a continuación Montilla en la necesidad de resolver una situación de injusticia lacerante en la financiación que Cataluña necesita para atender los derechos y necesidades de sus ciudadanos. Como hay un poso de demagogia y de falta de “freno” en este argumento, del freno tiraré yo: Debería sólo hablar de reparto —o de equilibrio— razonable. Sólo eso, que no es poco. Primero, porque la injusticia se puede muy bien invocar precisamente desde muchos territorios del interior, algunos siempre olvidados. Y segundo, porque las razones de justicia no son fáciles de invocar por gobernantes que se gastan millones de euros en miles de informes nada transparentes, probablemente inútiles y de oloroso matiz clientelar; o en financiar los déficits que en TV3 genera la rutilante vida del Barça; o miles y miles de euros en la creación de múltiples embajadas en el extranjero, no se sabe bien con qué objeto, salvo el ego o la promoción personal del Sr. Carod. Ni tampoco son fáciles de invocar desde una posición de presidente autonómico mejor pagado, con diferencia, de toda España, ni desde una autonomía que mantiene a sus expresidentes y políticos retirados con las mejores remuneraciones conocidas; mientras que otras, tienen a su expresidente ejerciendo su trabajo en la Universidad y sin “retiro dorado”. Los políticos catalanes, tan dados a cultivar los símbolos, deberían darnos a sus ciudadanos una pequeña inyección de autoestima con esto de las remuneraciones para que, al menos simbólicamente, pudiéramos sentirnos orgullosos de su moralidad.
Y esto anterior ya entronca con el argumento —la amenaza— de la desafección de la ciudadanía catalana hacia España. Entronca, porque eso puede llegar a producirse, sobre todo si la pregonamos como amenaza —justificando así a quienes la desean—, pero la verdadera desafección que estamos viviendo en Cataluña es con los políticos propios, los de aquí. Políticos y periodistas de Cataluña han tratado durante meses de cargar las tintas con esta amenaza. Aquí hablábamos del “català emprenyat” —con Madrid, claro— que se inventó Enric Juliana y llevamos ya varias votaciones que nos revelan con quien va la desafección (el referéndum del Estatut es la mejor muestra, pero si comparamos la participación en las elecciones autonómicas, 56,8%, con la de las generales, 71,2%, tenemos la respuesta definitiva). Sin embargo, no quieren enterarse y, unos y otros, desvían continuamente la atención de la ciudadanía hacia Madrid.
Injusticia lacerante, sí, pero por el agravio comparativo con Euskadi y Navarra, esa es la cuestión. Montilla lo nombra sólo de pasada. Dice que el concierto económico es, por naturaleza insolidario. Algo es algo. Me pregunto cuándo alguien se decidirá a denunciar en serio, ésta sí, lacerante injusticia.
Y una última cuestión que quizá sea el aspecto más desmedido del artículo de Montilla, o al menos el más claramente manipulador. Afirma que, según Cáritas, en Cataluña hay más pobres que habitantes tiene alguna comunidad autónoma, en clara alusión a Extremadura. Hay que suponer que del informe FOESSA-2005 de Cáritas habrá leído el párrafo que dedica a Cataluña: “Su tasa de pobreza es inferior al de la media nacional (16,1%), pero su magnitud demográfica hace que ese 16.1% equivalga a cerca de un millón de personas” y también “La intensidad de la pobreza económica sigue la pauta media de las del Estado”. No se necesitan comentarios, pero añadiré uno. En la provincia de Barcelona hay más pobres que habitantes en la provincia de Lleida. Esperemos que no decida el Govern —basándose en este dato— favorecer a la conurbación de Barcelona y olvidar, aún más, a la Cataluña interior.
Y ahora una coda: Montilla ha estado en su papel y lo ha hecho bien; son los intereses que representa. De los políticos que gobiernan en mi tierra, los de Castilla, los de León, los del deprimido y cada vez más despoblado Oeste, no puedo decir lo mismo. No los veo, no los oigo, no aparecen. Sólo en prensa local y para decirnos lo que harían si además de gobernar Castilla y León, gobernaran en Madrid. Y eso ya lo vimos...
Santiago Fernández (Barcelona)
Miembro del Foro Ciudadano de Zamora
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