Cualquiera ciudadano que haya seguido el desarrollo del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Zamora, pendiente aún de su aprobación, reconocerá que, desde el principio, ha estado cargado de sospechas y polémica, tanto con el anterior alcalde Antonio Vázquez, que fue quien lo inició como con la actual alcaldesa Rosa Valdeón, ambos del PP, y así siguen las cosas. Recordemos que la ciudad cuenta con el PGOU de 2001, que fue anulado por el Tribunal Superior de Castilla y León en 2005 y que está sub iudice, pendiente del Tribunal Supremo.  A pesar de ello, el actual Equipo de Gobierno sigue aprobando planes parciales que posiblemente no sean llevados a cabo por sus promotores durante mucho tiempo pero que les consolida derechos económicos muy cuantiosos. En medio de todo esto, se presentaron en su día 8.500 alegaciones ciudadanas, el Colegio de Arquitecto elaboró una alegación completa y demoledora y la mayoría de los partidos de la oposición manifestaron estar en contra de las directrices presentadas en el Avance. Está situación obligó al Ayuntamiento a pedir al Instituto Universitario de Valladolid una nueva redacción del Plan.
La actual alcaldesa, en este asunto, no parece saber muy bien donde se encuentra ya que sus repetidas promesas quedan siempre incumplidas ¡Ha dicho tantas cosas sobre el PGOU! Como muestra recordamos la de  llevar la aprobación del PGOU en el primer Pleno de 2008 y así sucesivamente. Del concejal de urbanismo mejor no hablar: sus declaraciones y la cara de despiste que pone cuando hace de portavoz en este asunto lo dice todo.
Pero las cosas se siguen moviendo en palacio, es decir, en los despachos, a pesar del silencio del Equipo de Gobierno y eso no presagia nada bueno. Como ha denunciado IU, esta demora puede ser hasta interesada a fin de aprobar el mayor número posible de Planes Parciales bajo el paraguas del PGOU de 2001. Por otro lado ya sabemos que el equipo técnico de Valladolid ha terminada su trabajo y que está en manos del Ayuntamiento desde hace al menos dos meses. Estaba guardado bajo siete llaves, sólo disponible para los sesudos políticos del PP, algún que otro técnico municipal y, según dicen las malas lenguas, en manos de algún promotor y arquitecto local. Pero en una sociedad tan abierta como la presente resulta difícil mantener secretos durante tanto tiempo y nos hemos encontrado con la información  pública, sacada por IU, de la existencia de dicho documento, del que parece tener una copia. Esta formación política, pionera en muchas cosas, ha ido desgranando públicamente los detalles de su contenido y de lo que podemos esperar con el nuevo PGOU, ante la indignación del Equipo de Gobierno, en especial de Feliciano Fernández. El problema no es la filtración ni el mensajero, práctica común en todos los partidos políticos en España, sino su contenido y el porqué de su ocultismo al resto de los partidos de la oposición.
No es cuestión de repetir los argumentos concretos contra el nuevo PGOU o sus sucedáneos pero sí de llamar la atención sobre aspectos conceptúales y básicos para que el ciudadano normal pueda entender las razones de una oposición tan amplia en una ciudad de 66.000 habitantes.  Porque eso es lo que somos, muy pocos, y no hay ningún acontecimiento económico a medio plazo que nos permita pensar que pasaremos a ser muchos más, el doble, en diez años.
Todo el mundo sabe que el urbanismo en España ha sido siempre desarrollista, obsesionado en la nueva ciudad. Nadie se opone a que siga habiendo crecimiento en Zamora pero dentro de su realidad, no la que nos quieren fabricar políticos iluminados, que imaginan a muchos madrileños, vía el AVE, viviendo en Zamora y trabajando en Madrid o a trenes repletos de golfistas, que todos los fines de semana vienen a su segunda residencia en esta ciudad o la que desean ciertos empresarios que se quedan más tranquilos cuando se habla, sin más, de desarrollismo y recalificaciones.
Los requisitos que se están siguiendo en estos momentos en el mundo son los de desarrollo sostenible, minimizando el impacto del crecimiento, y apostando por la regeneración de la ciudad existente. Los gabinetes de los políticos deben saber que tanto la Unión Europea como la nueva Ley del Suelo insisten en esa estrategia y que se propone como futuro una ciudad compacta además de avisar sobre los graves inconvenientes de la urbanización dispersa y desordenada: negativo impacto ambiental, segregación social e ineficacia económica con altos costes de servicios públicos, mantenimiento de estructuras  y gastos energéticos. El documento de la Estrategia Territorial Europea insiste en la preservación de los paisajes culturales de la ciudad, que reflejan su historia y las interacciones entre el hombre y la naturaleza, donde el método de explotación agrícola es, a menudo, decisivo para prevenir la destrucción de los paisajes culturales. Por eso la insistencia de muchos colectivos sociales y políticos en la defensa de las riberas del Duero y de la zona agrícola de Villagodio, amenazada con un polígono industrial, al que no se opone nadie sino al lugar elegido para su ubicación.
La calificación de suelo por parte de un Ayuntamiento debe ser una decisión muy responsable, dirigida a satisfacer las necesidades económicas y sociales de la comunidad y hacerlo con claridad y razones reales que podamos entender todos.  Si no priman estos criterios, estaremos favoreciendo las prácticas especulativas que sólo favorecen a unos pocos y generando sospechas sobre nuestros gestores políticos.

Antonio Gallego
Miembro del Foro Ciudadano de Zamora

Zamora, 17 de enero de 2009