En la reciente sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo contra el Ayuntamiento de Zamora que considera la contratación del Instituto de Urbanística de Valladolid, para realizar el PGOU, improcedente por no ajustarse a los procedimientos de contratación legalmente establecidos, unos han querido ver mucho, otros nada y algunos han visto demasiado. Para Carlos Hernández del PSOE, que fue quien presentó la denuncia, esta sentencia anula todo lo realizado por el citado Instituto, es decir, la elaboración del Plan, con lo cual se tendría que empezar desde el principio. Para la alcaldesa Rosa Valdeón del PP no ha pasado nada ya que el Plan ha sido  realizado y aprobado en el Pleno del Ayuntamiento. Finalmente, para Miguel Angel Mateos de Adeiza que permitió con sus votos aprobar el Plan, la sentencia esconde una posible interferencia del poder Ejecutivo en la Justicia, es decir, que el profesor se ha ido por los cerros de Úbeda.
            Con tanta dispersión de opiniones ¿con cual se quedará el ciudadano? Posiblemente, muchos, aceptaran la versión acorde con sus simpatías políticas, pensando que la otra parte les está engañando. En mi opinión esta sentencia se debe analizar teniendo en cuenta dos aspectos distintos. Por un lado desde el punto de vista ético y moral, que se debe presuponer a una institución publica como es el Ayuntamiento y por otro lado, por la transcendencia  práctica de la sentencia. En el primer aspecto, la sentencia considera que la citada contratación no fue conforme a Derecho y descalifica la actuación del Ayuntamiento por considerarla una burla a lo ya analizado y resuelto por ese juzgado en otras ocasiones demás de criticar la defectuosa técnica procesal empleada por el Ayuntamiento en todo el proceso. Todo un varapalo a la buena fe que se debe presuponer a una entidad de la Administración Pública.
            Respecto al segundo aspecto, no hay que olvidar que el Ayuntamiento conoce todas las triquiñuelas legales de los plazos, ya que la Justicia va siempre por detrás de la realidad y resulta difícil ejecutar sentencias en contra cuando las obras ya se han realizado, es decir, que posiblemente contaba con que, aunque la sentencia le fuese contraria, la Justicia poco puede hacer para cambiar el trabajo realizado. Además, va a presentar recurso, por lo cual, si la sentencia vuelve a ser en contra del Ayuntamiento habrá pasado más de un año y el Plan, posiblemente, estará legalmente aprobado ¿Cómo se desmonta todo eso?
            Como ciudadano me quedo con lo que decía Platón cuando hablaba de la “decencia del servicio público” y en este aspecto creo que la actuación de nuestro Ayuntamiento ha estado muy alejada de la decencia política que uno espera de su Administración y de sus gobernantes. Buenos días y buena suerte.

Antonio Gallego