La sentencia del Tribunal Supremo que anula definitivamente el PGOU del año 2001 le ha estallado al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento en las manos justo en el peor momento y le ha desbaratado todos sus planes arduamente planificados. Me explicaré. Antes de celebrarse las elecciones municipales de mayo de 2007, el alcalde Antonio Vázquez pensaba que dejaba atado y bien atado el nuevo Plan, claramente desarrollista y especulador, al ser aprobado en el Pleno Municipal de enero de 2007 y dejando así limpio el terreno a su sucesora Rosa Valdeón. Por entonces ya se conocía la sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León que anuló el Plan 2001 en octubre de 2005 y  que el recurso que presentó el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo había sido admitido por los pelos.

         Los políticos del PP en el Ayuntamiento sabían que la Justicia es lenta y que la sentencia del Supremo tardaría cerca de cinco años y que, casi seguro, fallaría en su contra porque se había cometido un error de primer orden en democracia al no haber abierto un nuevo plazo de exposición pública, debido a las importantes modificaciones que se habían introducido en la segunda fase del Plan de 2001. Es decir, hicieron sus cálculos y  pensaron que en el 2009 ya estaría de sobra aprobado el nuevo Plan 2007 de Antonio Vázquez y poco importaría el fallo negativo de la sentencia del Supremo. Pero, no contaron con dos cosas: Una, que las elecciones municipales de mayo de 2007 no dieron la mayoría absoluta  al PP  y la otra, que al abrir el primer periodo de alegaciones se iban a encontrar con una fuerte oposición ciudadana que inundó el Ayuntamiento con más de 8.000 alegaciones. Todo ello ha ralentizado los tiempos y lo que debería haber acabado en el 2007 ha llegado hasta abril de 2009, con la necesidad de otra nueva aprobación en Pleno donde el PP ha contado con la ayuda de Adeiza, abriéndose otro nuevo  periodo de alegaciones que termina el 12 de junio.

         La situación es ahora completamente distinta a la anterior ya que se cuenta con una sentencia firme y cerrada que, al anular el Plan de 2001, también anula la actual revisión por estar plagada de referencias a dicho Plan. Además, todo el Equipo de Gobierno, empezando por la alcaldesa, se tiene que  cuidar mucho a la hora de tomar decisiones sobre este asunto para que no sean acusados de prevaricación que, como todo el mundo sabe, se produce cuando un funcionario dicta a sabiendas una resolución injusta. Ya estamos hablando de un delito. Ahora los ciudadanos contamos con un instrumento legal poderoso para oponernos a este PGOU desarrollista e irreal para la ciudad de Zamora y plagado de sospechas especulativas. La única salida digna que le queda a nuestra alcaldesa es negociar con los grupos de la oposición. Buenos días y buena suerte.

Antonio Gallego