La pasada semana un periódico local se hacia eco de las declaraciones de José Luis González Vallvé sobre la conveniencia de suprimir las Diputaciones Provinciales como una forma de ahorrar gastos dentro de la actual crisis económica. El que fue político de la derecha consideraba que después de  treinta años de Estado Autonómico sería bueno hacer una evaluación funcional de sus instituciones y del sistema administrativo actual. Esta reflexión no es nueva y ya ha sido apuntada por distintas personas en el pasado. Con la descentralización creada con las Autonomías, desde el punto de vista administrativo y organizativo, nadie duda de que las competencias de las diputaciones podrían ser desarrolladas por las Delegaciones Provinciales de la Junta, como se hace con otras competencias.

            Las Diputaciones tienen su origen con la primera constitución política de la Monarquía Española, aprobada el 19 de marzo de 1812. En su historia ha habido múltiples cambios pero será  a partir de 1844 cuando llega a España el ideario napoleónico de administración centralizada y uniforme, creándose unidades administrativas entre el Estado y la periferia vía las diputaciones. Aunque carecían de atribuciones políticas, las posibilidades que los diputados tenían de administrar este espacio económico, convirtió la Diputación en un órgano político de primera magnitud, debido a que en ella confluían y se conectaban los intereses de las oligarquías provinciales. De ahí que a partir de las diputaciones, tanto progresistas como moderadas, se desarrollase una compleja red de relaciones informales, fundadas en vínculos económicos y políticos endogámicos, que facilitaron a los poderes locales el control del territorio provincial. Los caciques  acabarían dominando toda la acción política en la provincia.

            El peso político de las diputaciones en esta Comunidad ha sido muy importante. Conviene no olvidar que la derecha castellano-leonesa de finales de la década de los setenta defendía que la Autonomía de esta Comunidad se debía entender como una Mancomunidad de Diputaciones. Las provincias deberían ser no sólo respetadas sino potenciadas como principales protagonistas de la Autonomía regional. Las diputaciones actuales, al margen de su función administrativa, siguen ejerciendo un papel político de control partidista del territorio enorme por ello me parece muy difícil que los partidos políticos ya sean mayoritarios o nacionalistas, en sus territorios, propongan la desaparición de estas instituciones y peder con ello un instrumento de control político consolidado y con un funcionamiento probado.

                En este país cuando algo se consolida políticamente no hay quien lo mueva. Se lleva hablando desde siempre de la Ordenación del Territorio para una mejor gestión y mayor eficacia administrativa y económica y nunca sale. El miedo a romper los controles políticos ya establecidos hace que nadie lo intente y así nos van las cosas. Buenos días y buena suerte.            

Antonio Gallego