Pocas veces había estado nuestro país tan lleno de presuntos casos de corrupción como en el momento actual, tanto por el número de políticos como de Autonomías  afectadas. Para ser justos, hasta ahora el premio gordo se lo lleva el PP. Los tentáculos de las diversas tramas siempre se extienden por los Ayuntamientos, el urbanismo municipal y las recalificaciones de suelo. Y  lo que está saliendo es sólo la punta del iceberg que como todo el mundo sabe deja ver apenas un tercio de su masa total. Es decir, que existe una gran cantidad de casos que no han salido a la luz pero que existen. No es fácil tener pruebas concretas que permitan hacer acusaciones ante la Justicia porque los corruptos no son tontos y las tramas tienen muchos colaboradores en los propios políticos pero los síntomas son evidentes para cualquiera que quiera mirar con ojos críticos y sentido común. Por otro lado no todos los fiscales se tomen estos casos con el mismo interés. Sin ir más lejos, en nuestra ciudad tenemos dos ejemplos que se parecen como dos gotas de agua a todo lo que está apareciendo estos días en los Medios: uno es el PGOU que pretende aprobar el Equipo de Gobierno del PP, totalmente disparando, planificando una ciudad irreal que apenas crece en habitantes, que aquellas personas de la provincia  que venían a comprar un piso ya lo han hecho, que no existe ningún plan de desarrollo extraordinario a la vista y que cuenta con 5.000 viviendas vacías. Pues ya ven, nos quieren proponer una ciudad para 170.000 habitantes con las recalificaciones de suelo que eso supone. El otro caso es la operación de compra del edificio municipal, con los inmuebles sobrevalorados, lleno de intermediaciones sospechosas y sin cumplir las condiciones  establecidas por el propio Ayuntamiento ¿No es lógico que pensemos mal con lo que está cayendo?

             Ante estos casos, siempre se hace uno las mismas preguntas: ¿Forma la corrupción parte de nuestra cultura? ¿Tenemos  regulación suficiente en España que evite la discrecionalidad a la hora de la protección de lo público?  Los análisis sobre estos temas de corrupción parecen que indican que estas no son las razones principales. Según el profesor de Ciencia Política D. Víctor Lafuente la causa principal está en la excesiva politización de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquellas con mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político, es decir, a dedo. En España, el partido que controla el gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y a su vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. Esto genera diversos incentivos perversos para la corrupción por la incertidumbre laboral que tienen tantas personas ante las próximas elecciones, que los hacen más propensos a aceptar sobornos que aquellos empleados públicos con un contrato estable. Por otro lado, en España toda la cadena de decisión la controla los políticos sin  la presencia de funcionarios públicos que puedan denunciar los tratos de favor a terceros o las decisiones interesadas. Lo estamos viendo en el Ayuntamiento de la ciudad donde el personal de Urbanismo ha sido excluido de información y no se cuenta con su incómoda presencia. Buenos días y buena suerte.

Antonio Gallego