El responsable de política autonómica del PSOE, Alfonso Perales ha sido realmente explicito al hablar del pacto sobre financiación sanitaria que se avecina y es optimista al considerar que: "El acuerdo es inevitable y por eso el PP no puede utilizar este asunto para hacer oposición al presidente socialista en Castilla La Mancha; ni el PSOE contra el presidente del PP de Castilla y León" (El País 25/03/05). Se debe referir el Sr. Perales a que en el nuevo modelo de financiación sanitaria todos saldremos beneficiados, ya que se tendrá en cuenta tanto el incremento de la población atendida (inmigrantes, desplazados y población turística flotante) como las necesidades de comunidades tradicionalmente rurales, despobladas y dispersas como las de Castilla y León y Castilla La Mancha. Vamos, que en el modelo de financiación sanitaria que nos anuncia el PSOE se va a tener presente de igual modo a Cataluña y Madrid y a las dos Castillas y Extremadura. Pues bien, dejando a un lado las buenas palabras e intenciones del gobierno socialista, no cabe duda que Zapatero necesita llegar algún tipo de acuerdo con el PP, y contar para ello con comunidades pobres y dispersas como Castilla y León. A favor de las previsiones de financiación sanitaria más optimistas para nosotros juega también el hecho, nada despreciable, de que Fernando la Mata, ex consejero de Sanidad de Castilla la Mancha, sea precisamente la mano izquierda de la ministra de Sanidad Elena Salgado. Pero todo ello no impide detectar importantes nubarrones en el horizonte tales como: a) el masivo endeudamiento y quiebra del Sistema Nacional de Salud que no permite ninguna alegría presupuestaria b) la incapacidad de la Junta de Castilla y León para adecuar su organización sanitaria a la dispersión territorial y al envejecimiento de su población, y c) el fracaso del gobierno socialista durante su primer año de gobierno en la definición de los objetivos, fijación de la cuantía y gestión del denominado Fondo de Cohesión contemplado para la superación de las desigualdades en la Ley de Calidad y Cohesión del sistema sanitario.

Quedan lejos los tiempos en los que desde el Ministerio de Sanidad se podía poner el contador presupuestario sanitario a cero, y en los que era práctica habitual negociar bilateralmente con cada autonomía la distribución de los fondos nacionales del INSALUD. Ahora simplemente no hay fondos estatales, (o los que hay no son suficientes que viene a ser lo mismo), y si se quieren incrementarlos hay que subir los impuestos. El sistema ha entrado en una profunda crisis financiera, y tengo mis dudas sobre que, en tal situación, se pueda encontrar dinero extra para atender nuestras necesidades sanitarias más allá de los servicios de los que actualmente disponemos. Por otra parte, desgraciadamente, es un hecho que los gobiernos del PP en nuestra región se ha limitado a gestionar de forma continuista y pasota el modelo sanitario publico que heredaron del PSOE, sin introducir en él, (durante sus 18 años de gobierno autonómico, ocho de gobierno del Estado, y tres de plenas competencias con el INSALUD transferido), ninguna innovación sustancial en la distribución territorial de los servicios de salud. Aspecto este último clave para poder cuantificar los incrementos de financiación y recursos que deberían correspondernos en el nuevo modelo de financiación en función de nuestra dispersión, ruralidad y pobreza. Si dispusiéramos de algún plan serio de comarcalización de servicios sanitarios, innovador de la red de centros de salud que hizo realidad el PSOE en los años 80 y principios de los 90, y que atendiese como se merece la dispersión y envejecimiento de nuestra población, sería tan solo cuestión ponerlo encima de la mesa del ministro Solbes. Conozco como Castilla La Mancha ha elaborado un plan de desarrollo de los servicios de atención especializada y de servicios de urgencia comarcales que ya ha comenzado a desarrollarse. Plan minuciosamente cuantificado, que a buen seguro está en los cajones del secretario general técnico del Ministerio de Sanidad Fernando la Mata. Aquí, por el contrario, todavía no sabemos en que consiste el centro de Ciudad Rodrigo, ni que es lo que al final se quiere hacer en Benavente o que se tiene previsto, (tele psiquiatría al margen), en materia de atención especializada y de servicios socio-sanitarios en zonas como las de Béjar, Sanabria, Toro o Peñaranda. Ha sido hasta ahora inútil, reivindicar del gobierno regional que abordase la modificación en profundidad de nuestro modelo de distribución territorial de servicios de salud, (¡alguien asesora al revés al Presidente Herrera cuando se niega a introducir la comarcalización sanitaria en la agenda política regional!). Porque ¿Cuál es nuestra deuda sanitaria en nuevos servicios comarcales? ¿Cuáles las nuevas inversiones que vamos a reclamar? ¿Qué nuevos servicios se van a justificar en el nuevo modelo de financiación como servicios singulares de nuestro carácter rural, de nuestra dispersión poblacional y envejecimiento?

Acierta Ana Pastor cuando centra las críticas de primer año de gobierno socialista en la paralización y bloqueo del desarrollo del Fondo de Cohesión que establece la disposición adicional quinta de la Ley 16/2003 de 28 de mayo de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario: "el Ministerio de Sanidad a través del fondo de cohesión sanitaria realizará políticas que aseguren la cohesión sanitaria y la corrección de las desigualdades. Estas políticas se desarrollaran mediante planes integrales de salud" La negativa de Zapatero, Villalba y Melero a revisar el contenido sanitario y metodología del Plan Oeste, utilizado como mero medio de propaganda política y electoral, ha impedido definir con precisión lo que debería ser una prioridad para un gobierno socialista: la innovación y desarrollo de los servicios asistenciales, de salud pública y socio-sanitarios en las zonas más pobres del Estado (entre las cuales es evidente que se encuentra la raya de Portugal como una de las grandes bolsas europeas de pobreza).
Una prioridad que, tal y como a algunos nos gustaría visualizar España, su comunidades nacionales y a nuestro gobierno socialista, debería ser compartida en el Consejo Interterritorial de Salud por el resto de las comunidades autónomas.

José María Francia Viña
Publicado en La Opinión de Zamora el 27/03/05