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De
los diferentes retos a los que se enfrenta nuestro Sistema
Nacional de Salud, el de la publicidad y transparencia de
sus resultados no es un reto menor y adquiere cada día
mayor importancia. Disponer de información publicada
sobre el funcionamiento de nuestros servicios sanitarios,
y que esta información se encuentre al alcance de quien
quiera analizarla, debería dejar de ser un privilegio
de los expertos, de los investigadores y de los gerentes.
Conocer los resultados de nuestros centros y servicios sanitarios
con cierto detalle se ha convertido en una exigencia democrática
para sindicatos, partidos políticos, organizaciones
profesionales y para un conjunto de entidades ciudadanas de
muy diverso carácter, (consumidores, vecinos, enfermos,
grupos de estudio...etc.), decididas a analizar los resultados
de los servicios sanitarios públicos y a intervenir
en su mejora. Además, el acceso a información
detallada sobre el funcionamiento de nuestros servicios sanitarios
se ha convertido en un requerimiento mediático difícilmente
eludible por los responsables políticos del sector.
Y en otro orden de cosas constituye también una condición
básica para hacer posible la valoración colegiada
de la marcha y situación de los servicios sanitarios
en los órganos de participación y control que
se resiste a convocar la Junta de Castilla y León.
El funcionamiento de los, hasta hoy inéditos consejos
de salud de área se encuentra ligado a la voluntad
de la administración sanitaria de hacer pública
la información de que dispone, a la voluntad en definitiva
del gobierno regional de rendir cuentas en el sector sanitario.
Por todo ello, pese a las vicisitudes por las que atraviesa
el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
presidido por la ministra de Sanidad Elena Salgado y al que,
inconcebiblemente, han decidido no acudir los consejeros de
las autonomías gobernadas por el PP, hay que valorar
como se merece su reciente acuerdo de hacer publicas a nivel
nacional las listas y tiempos de espera quirúrgicos.
Se trata de una valiosa y rigurosa información, (con
datos, eso si, agregados y limitados a las esperas quirúrgicas),
se trata de una aportación que enlaza con la mejor
tradición de la gestión sanitaria de los primeros
gobiernos socialistas y, particularmente, con la de los equipos
que presidió Ernest Lluch a los que tuve el privilegio
de pertenecer. Pero es mucho lo que queda por hacer y es mucho
lo que se ha deshecho en esta materia.
Porque en algunas comunidades autónomas, como la de
Castilla y León, el retroceso en la disponibilidad
de información publicada sobre el funcionamiento de
nuestros centros y servicios sanitarios ha sido tal que impide
conocer con rigor la situación actual y los márgenes
de mejora posibles en el rendimiento de los servicios. Se
han suprimido la publicación anual de las memorias
que las Direcciones Provinciales del INSALUD venían
publicando desde 1982, y en las que podían seguirse
la evolución de diferentes indicadores de actividad
y costes de los servicios hospitalarios y de atención
primaria en el ámbito provincial. Tras cuatro años
de realización de memorias regionales de los servicios
sanitarios asistenciales en formato CD por parte de la Junta
de Castilla y León, (de 1989 a 2002), se suprimió
bruscamente su difusión quizás por los alarmantes
datos que podían elaborarse tratando la información
provincial que en dichas memorias se contenían sobre
los resultados de las carteras de servicios de los centros
de salud. Y en la actualidad toda la información sanitaria
que se pública con carácter anual sobre el funcionamiento
de los servicios sanitarios provinciales, se contiene en las
memorias de las Delegaciones Territoriales de la Junta en
las que despacha la estadística sanitaria indicando
en una página los miles de ingresos hospitalarios,
los millones de consultas en Atención Primaria o el
número de vacunaciones gripales aplicadas.
Es preciso reconocer que en la década de los 80 el
gusto por la estadística sanitaria, y por su discusión
técnica, política y sindical, adquirió
una dimensión casi patológica, (acabábamos
de descubrir lo que hacían los gerentes de Margaret
Tatcher en Inglaterra y queríamos imitarlos compitiendo
por disponer de datos exhaustivos sobre "la producción
sanitaria"). La presentación mensual de informes
monográficos, la elaboración y discusión
de los más variados indicadores sanitarios, la discusión
del presupuesto provincial del INSALUD, y el control sindical/empresarial
sobre la gestión provincial se convirtió en
una obligación y en una costumbre mensual en el seno
de las comisiones ejecutivas provinciales del INSALUD. En
base al reglamento de dicha comisión se podía
adoptar acuerdos e incluso presentar mociones por parte de
los vocales hasta el punto que algunos Directores Provinciales
tuvimos que someternos a votaciones en las que abiertamente
se censuraba nuestra gestión. Aquello fue sin duda
una forma de rendir cuentas, ciertamente incomoda para quien
dirige los servicios sanitarios, un trabajo y un compromiso
que nunca fue valorado como se merece ni por los sindicatos,
ni por la "progresía sanitaria". Pero rendir
cuentas era necesario entonces y lo es ahora, para dotar de
transparencia al sistema sanitario público.
Porque, hoy día, tratar de conseguir datos sobre la
presión asistencial en un centro de salud, sobre el
desarrollo de la cartera de servicios de Atención Primaria,
sobre el rendimiento de los quirófanos en un hospital
público, sobre la aplicación de las inversiones,
sobre las listas de espera, o sobre la evolución de
los gastos en conciertos se ha convertido poco menos que en
una misión imposible, en un secreto casi militar (pese
a todo lo que la Junta proclama en su normativa y se contiene
en la Ley de Cohesión del Sistema nacional de Salud
aprobada en el gobierno del PP de 2003).
El sistema sanitario se ha tornado opaco, insoportablemente
opaco diría yo
José María Francia Viña
(Publicado en la Opinión de Zamora )
Octubre
de 2004
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