Llevamos muchos años hablando de la inmigración en este país, prácticamente desde 1990 que fue cuando se produjo el repunte más significativo; unas veces por el excesivo número de inmigrantes que han llegado a España de todas las partes del mundo, otras por las muertes que se producen al llegar las pateras a nuestras costas, también por las mafias que controlan estos tráficos que exprimen moral y económicamente a las personas, ahora porque la crisis económica nos afecta a todos y nos hace recelar más de los inmigrantes aunque se ceba especialmente en estos colectivos que pretendían construir su futuro con nosotros y se encuentran otra vez como al principio, careciendo de redes familiares que se apoyen mutuamente ya que las tienen en otro país y están esperando sus dineros. Además las leyes de extranjería cada vez se endurecen más y las condiciones para conseguir la residencia, los papeles, son más difíciles de cumplir. Para colmo, recientemente están saliendo a la luz los impedimentos que quieren poner ciertos Ayuntamientos, los de Vic y Torrejón de Ardoz, para conceder el empadronamiento a los inmigrantes ilegales que viven y trabajan en sus municipios. Estamos hablando de un colectivo que ronda el medio millón de  personas. Son el eslabón más débil de la inmigración. Se está haciendo mucho énfasis sobre la legalidad o ilegalidad de la medida, olvidándose  deliberadamente que una cosa puede ser legal pero inaceptable desde criterios democráticos. Con esta medida se pretende negar la condición humana a una parte de las personas que habitan entre nosotros, a las que sólo les queda, como un primer esbozo de ciudadanía, el figurar en el padrón y con ello tener reconocido su nombre en una lista de los habitantes de la ciudad donde vive y trabaja, creándoles la tibia esperanza de una futura ciudadanía y la puerta a los servicios sanitarios, educativos y de asistencia social más elementales. 

            Posiblemente muchos Ayuntamientos que tienen porcentajes altos de inmigrantes en sus padrones están preocupados por los gastos que conllevan estos servicios básicos a los  ciudadanos con problemas, más en estos momentos de crisis, donde los dineros son escasos pero sería indignante que pretendiesen reducir gastos a costa de negar el derecho a la asistencia básica a los sin papeles. Y como siempre que hay un problema, el PP, con su líder el Sr. Rajoy a la cabeza, trata de pescar en río revuelto haciendo declaraciones ambiguas o incluso de más dureza a pesar que fue este partido el que aprobó en 1997 que el padrón municipal debe dar de alta a todas las personas que habitan en el municipio, nacionales y extranjeras, tengan o no regularizada su situación administrativa. Otra descaro más para ganar votos. Buenos días y buena suerte.            

Antonio Gallego