El año pasado ya fuimos testigos de las tensiones generadas al negociarse la financiación autonómica y posteriormente vimos como fracasó la Conferencia de Presidentes por la negativa del PP a aceptar ningún acuerdo con el Gobierno socialista. Pero ahora lo que se nos viene encima, a consecuencia de la crisis económica, es cómo van a responder las Autonomías ante la necesidad de reducir los enormes déficits que tienen asumidos y cuánta culpa le van a echar al Estado. Al PP se le llena la boca con la palabra austeridad pero muchas de sus CCAA son las que tienen los mayores déficits fiscales.
            Las encuestas apuntan a que cada vez es mayor el número de españoles que están descontentos con el modelo autonómico, entre otras cosas porque las Autonomías, como núcleo de poder, tienden a expansionarse, a aumentar sus funciones y sus funcionarios continuamente. No olvidemos que los Presupuestos y la Deuda de las Autonomías son ya muy superiores, en términos reales, a los que tenía el Estado en su conjunto en 1975. Pensemos en lo que suponen diecisiete gobiernos autonómicos, cientos de consejeros que se consideran como ministros, miles de directores generales y cientos de miles de funcionarios a su cargo. Sus funciones se duplican y entremezclan con las del Estado y los Ayuntamientos, y eso no sólo nos cuesta mucho dinero sino que complica la vida y el ejercicio de actividades de ciudadanos y empresas; han emprendido una desenfrenada carrera por crear cada vez más empresas públicas de dudosa justificación incurriendo en una competencia desleal con el sector privado; han creado unas carísimas televisiones públicas como mero instrumento de propaganda al servicio del Gobierno de turno y se han metido en realizaciones duplicadas o triplicadas como son la abundancia de aeropuertos regionales, museos de gran formato y miles de parques temáticos en todas las provincias. La bola de nieve del endeudamiento autonómico no deja de engordar y supera ya los 63.000 millones de euros, con el riesgo que ello conlleva para la estabilidad de las finanzas públicas. Según el Financial Times, estos "elevados costes" de la descentralización salen ahora a la luz porque antes estaban "ensombrecidos por montones de dinero en efectivo" procedentes de los impuestos inmobiliarios durante el 'boom' de la construcción que experimentó el país.

           Ahora llega la hora de poner freno a estos desmanes presupuestarios, a priorizar los gastos, a racionalizar la administración y a convencer a los ciudadanos de cada región que hay que apretarse el cinturón  pero ¿a quién echaran las culpas de todo esto? Como siempre los culpables serán otros, no ellos y el que tiene más papeletas será el Estado Central. Buenos días y buena suerte.            

Antonio Gallego