Con la reciente celebración del Día Internacional de la Mujer se ha calentado el debate sobre una posible cuota femenina obligatoria en las empresas europeas. Al parecer la nación más avanzada en este sentido es Noruega que ya en 2003 estableció una Ley que impone a las empresas tener al menos un 40 % de representación femenina en sus consejos de administración. Creo que nadie sensato pone en duda que aún la mujer sufre discriminación laboral y salarial en nuestra sociedad además de otras que quedan ocultas en el entorno del hogar conyugal. Hay múltiples estudios y hechos reales que así lo evidencian. También puede ocurrir que la aspiración social, o lo que se podría llamar conseguir el éxito dentro de una sociedad mercantilista y competitiva como la actual, sea distinta desde la óptica femenina a aquella que buscan los varones. La maternidad también puede ser un condicionante respetable para muchas mujeres que quieren enfocar su vida cerca de sus hijos, no primando tanto el éxito laboral. Seguro que se podrían enumerar otras muchas razones que nos diferencian a hombres y mujeres en este terreno.
            Pero de lo que se trata en este debate es de las dificultades que ponen muchas empresas a aquellas mujeres preparadas que aspiran a poder ocupar puestos similares a los hombres en función exclusivamente de su valía y experiencia. De mujeres que han elegido libremente esa opción y que en parte se ve truncada por un machismo cultural, muchas veces oculto o disimulado, que les cierra el camino o se lo ponen más difícil que al hombre. Y esto también es una realidad indiscutible contra la que hay que luchar.
            Siempre se dice que antes de llegar a poner cuotas por Ley es mejor profundizar en otras caminos como son: políticas de apoyo a la mujer en la empresa, procesos de selección de personal directivo supervisados, mayor representación de la mujer en todos los niveles horizontales de la empresa y que las propias compañías establezcan códigos de buenas prácticas. En principio creo que nadie se debería oponer a todos estos procesos pero dudo que sólo con ellos se consiga romper la discriminación de fondo. Personalmente me parece correcto que exista por Ley una imposición de cuota obligatoria dejando un plazo de tiempo medio, entre cuatro a seis años, para que los procesos empresariales de decisión se vayan adaptando. Pero creo que sólo con buena voluntad no basta y el tiempo para anular esa discriminación contra las mujeres que han optado por ese camino sería demasiado largo y por lo tanto injusto. Buenos días y buena suerte.

Antonio Gallego