Revisar un Plan General de Ordenación Urbana, hacer uno nuevo, y exponerlo al público son medidas necesarias para el presente y el futuro de una ciudad. No sólo porque lo marca la ley sino, sobre todo, porque son la única forma racional y razonable para intervenir en ella. La ciudad la hace quien edifica, quien traza y ejecuta los viales, quien establece cómo hacerlo. Pero la ciudad vivida la hacen los ciudadanos. Y como la hacemos todos los que habitamos en ella, a todos nos concierne planificarla, vivirla y sobre todo protagonizarla. Desde nuestros impuestos hasta nuestras ideas.

          En esta lógica, las medidas de consulta y participación ciudadana que establece el propio PGOU para su definición abren de par en par la puerta a la participación sensata de los habitantes de la ciudad. Eso sí, siempre que sea, precisamente, sensata, y que prime por encima de todo el criterio de unidad de la ciudad frente a células individuales e intereses particulares. Si un PGOU pretende ordenar la ciudad toda, tanto las ideas y propuestas como las medidas y criterios de planificación deben ser conforme a la ciudad toda. Así pues, todas las ideas que una exposición pública recolecta para el PGOU no deben ser una crítica a quien lo ha elaborado, ni siquiera al político de turno, sino el resultado de una implicación responsable y activa siempre para la mejora global de una ciudad. Si hemos llegado a ver en las alegaciones al PGOU la oportunidad para derrocar a un gobierno local o, por el contrario, la amenaza punzante de la ciudadanía es que no comprendemos realmente el instrumento de participación que lleva consigo el engranaje de un Plan de Ordenación Urbana.

          Uno de los instrumentos configuradores de la ordenación de una ciudad pasa por el catálogo de elementos –edificios- protegidos. Lejos de ser la mera enumeración ordenada y arqueologicista de los inmuebles a conservar a modo de reliquia se trata de un instrumento que persigue consolidar y trata de garantizar la identidad urbana de la ciudad. Ésta sería incomprensible para propios y extraños sin muchos de los edificios que la conforman. El objeto fundamental del catálogo es establecer y plasmar los criterios que afectan y singularizan a aquellos edificios que juegan un papel inherente a la esencia y constitución de cada ciudad garantizando su permanencia, diferenciándolos de aquellos que, digamos, son prescindibles. Dicho de otra manera, proteger los inmuebles que necesariamente deben seguir formando parte de la ciudad en el tiempo por sus peculiares características frente a los que no.

          Precisamente en virtud de su objetivo, presentar alegaciones a este catálogo supone llamar la atención sobre ciertos inmuebles, la mayoría de los cuales pasan totalmente desapercibidos, que complementan la identidad urbana de nuestra ciudad, quizá no siempre caracterizados por excepcionales cualidades arquitectónicas pero sí contextuales, y sobre todo singulares en el proceso histórico de la configuración urbana de nuestra ciudad por muy recientes que sean. Cuando esta razón de relevancia urbanística entra en liza su condición de catalogable es indiscutible. Otra cuestión es abusar en la presentación de alegaciones llevando a propuesta cuanto simplemente aparenta relevancia, consiguiendo así sencillamente la pérdida de sentido y agotando el propio criterio catalogador en sí mismo. Cuando todo vale, al final no acaba valiendo realmente nada. Lamentablemente estos episodios también se han producido, puestos de manifiesto en algunas alegaciones carentes de criterio, haciendo flaco favor a esta herramienta.

Rafael Ángel García Lozano