El envenenamiento masivo por aceite de Colza evidenció en 1981 las grandes carencias de nuestros servicios de salud pública y cuestionó el papel que habían desarrollado distintos cuerpos de funcionarios tales como los epidemiólogos, médicos, veterinarios y farmacéuticos de la entonces denominada Sanidad Nacional. Quedó clara la urgencia de replantearse las tareas de inspección sanitaria, control alimentario y vigilancia epidemiológica, así como la necesidad de disponer de un nuevo marco normativo en materia de salud pública, (la Ley de Sanidad se aprobó en 1987), que hiciese efectiva la coordinación entre las Administraciones Locales, los Servicios de Salud regionales y el Ministerio de Sanidad. Muchos de aquellos retos siguen pendientes, hoy 25 años después, a pesar de la aprobación de la Ley de Cohesión y Calidad en el 2003. Sin embargo, frente a la práctica disolución de los Cuerpos Nacionales de funcionarios encargados de la ordenación, evaluación y planificación de los servicios de salud pública, (los antiguos jefes de sanidad), los servicios de inspección de la seguridad social corrieron durante algunos años mejor suerte. En el ámbito del INSALUD siguieron desarrollando funciones tan necesarias como la actividad disciplinaria, el control de las bajas laborales y del gasto farmacéutico, y un conjunto indiferenciado de tareas de apoyo a los nuevos y omnímodos jefes y jefecillos políticos surgidos de los viveros militantes de la UCD, del PSOE y del PP. Muchos discuten todavía si durante los primeros años de la transición (finales de los 70 y principios de los 80), la UCD y el PSOE politizaron en exceso la administración sanitaria como condición necesaria para acabar con la resistencia franquista y corporativa al cambio sanitario de régimen. Personalmente pienso que, con alguna excepción, aquella generación politizada de directivos sanitarios de los primeros gobiernos centristas y socialistas fue necesaria y, en general, bastante competente. Cumplió una función nada agradable y nunca reconocida aunque se trata de una opinión, desde luego, interesada. Pero hoy, entre la mayoría de los ciudadanos y entre muchos profesionales nadie cuestiona que, (consolidada la democracia, cerrado el proceso de transferencias del INSALUD a las Comunidades Autónomas en 2002 y desarrollados los Servicios Regionales de Salud), la politización del Sistema Nacional de Salud está alcanzado límites irrespirables. El poder político sanitario comienza a no tener freno ni contrapeso alguno, y ello conduce a situaciones delirantes como la que en la actualidad se está viviendo en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. El poder político, el judicial y el corporativo (tan decisivo en este sector) protagonizan este conflicto, y trasladan a la opinión pública el demoledor mensaje de que la inspección médica, (los profesionales encargados de velar por los derechos de los pacientes y las garantías de los profesionales), no son más que el brazo armado de Manuel Lamela.
Lamentable, bochornoso, impresentable. Porque en una democracia nadie debería poner en duda la capacidad para tomar decisiones que le asiste a quienes son responsables políticos de los servicios sanitarios (en el caso de Leganés al Sr. Manuel Lamela). Pero en una democracia no se debería poner en duda, ni en riesgo, el escrupuloso respeto al procedimiento a la hora de adoptar decisiones por quien debe adoptarlas. En una democracia consolidada debería darse por sentado que, al margen del capricho político, existen profesionales de la inspección sanitaria dotados de independencia, autoridad, recursos y autonomía suficiente, para determinar si es preciso abrir uno, ninguno o cien expedientes disciplinarios. Profesionales de la inspección a quienes nos corresponde establecer con nitidez si se han vulnerado los derechos de los pacientes o las garantías de los profesionales ante denuncias concretas. Y que debemos ser capaces también de efectuar propuestas de mejora de nuestros servicios sanitarios. Los cargos políticos no pueden tomarse la justicia por su mano de cualquier forma, al margen del procedimiento administrativo que ampara los derechos de los profesionales.
Queda mucho todavía por esclarecer en el conflicto surgido a raíz de las denuncias anónimas sobre supuestas sedaciones irregulares que han convulsionado la sanidad madrileña. Queda mucho por conocer sobre la forma en que se ha abordado este conflicto desde la Consejería de Sanidad, y desde la oposición. El tiempo dará y quitará razones a quienes se han precipitado en hacer de este conflicto una batalla política con efectos irreparables para la sanidad pública. Pero algunas cuestiones están ya claras. En este país de 17 autonomías distintas nuestro sistema de cuidados paliativos se encuentra en mantillas y es profundamente desigual. La denominada alta inspección es pura ficción pese a contemplarse en la Ley de Cohesión y Calidad y nadie se atreve a concretar las funciones que debería desarrollar en un estado federal o autonómico. Los servicios comunes de inspección sanitaria se han degradado ante la indolencia del poder político, asimilándose peligrosamente al aparato burocrático y a los intereses de las cúpulas sanitarias dirigentes de cada autonomía (en Castilla y León dependen orgánicamente de los propios órganos de gestión que debería inspeccionar). Y por supuesto ha quedado claro que la constitución de comités de sabios y comisiones de expertos para analizar la buena o la mala práctica, de los profesionales supuestamente implicados nunca podrán sustituir ni la acción reglada de la justicia, ni la determinación de las responsabilidades disciplinarias que en cada caso concreto le corresponde determinar en exclusiva a los servicios de inspección, (con independencia de que exista o no delito).
Por la cuenta que me tiene, como médico de sanidad nacional con destino en la inspección médica del SACYL, hago votos para que esta crisis, no sea la Colza de los servicios públicos de inspección y acabe, definitivamente, con el cuerpo (¿o debería hablar de los cuerpos?) de inspección medica de la seguridad social, disperso y fragmentado en la actualidad por nuestro Estado de las Autonomías.

José María Francia Viña
Médico de Sanidad Nacional con destino en la Inspección Médica de SACYL
21 de abril de 2005